🚧 ¿Es el suelo urbano una "garantía absoluta" de edificación? El riesgo de inundabilidad y la trampa de la prescripción.
Analizando el reciente Dictamen 74/2026 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, extraigo tres lecciones fundamentales para abogados administrativistas y promotores:
1️⃣ La vigencia de la acción (Art. 67 Ley 39/2015): Uno de los aspectos más interesantes de esta resolución es el análisis de la prescripción. El Ayuntamiento pretendía declarar la acción extemporánea basándose en informes preliminares de 2022. Sin embargo, el Consejo recuerda que el plazo de un año para reclamar responsabilidad patrimonial (Art. 67.1 LPACAP) requiere que el daño sea efectivo e individualizado. Mientras existan actuaciones de subsanación o el expediente de licencia no esté cerrado definitivamente, el reloj de la prescripción no se detiene contra el administrado de forma automática.
2️⃣ Urbanismo vs. Aguas (Jerarquía Normativa): Aunque una parcela esté clasificada como Suelo Urbano en el PGOU, la normativa sectorial de aguas (RDPH) actúa como un límite infranqueable. Si el terreno está en Zona de Flujo Preferente con calados peligrosos, el "derecho a edificar" decae ante la seguridad pública. No hay responsabilidad patrimonial porque el daño no es antijurídico: es una carga legal que el propietario debe soportar.
3️⃣ El Deber de Diligencia (La Doctrina del "Sella"): El Dictamen cita jurisprudencia clave: quien adquiere una parcela colindante a un cauce debe conocer las limitaciones legales. No solicitar una cédula urbanística previa o ignorar los mapas de peligrosidad rompe el nexo causal. La Administración no es una "aseguradora universal" de inversiones poco cautas.
Conclusión técnica: La responsabilidad patrimonial no protege "expectativas", protege derechos consolidados. Y en cuanto a la prescripción, el Art. 67 de la LPACAP debe interpretarse siempre a favor de la plenitud de la tutela, evitando cierres en falso cuando la administración aún no ha dictado su última palabra.
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